El Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Morelos concedió un amparo a la ginecóloga Sharon De Uriarte, permitiéndole brindar servicios de aborto voluntario sin riesgo de ser criminalizada, tanto ella como sus pacientes. Este fallo, registrado bajo el expediente 599/2024, se convierte en la tercera resolución judicial en Morelos que declara inconstitucionales los artículos del Código Penal local que penalizan el aborto voluntario.
Aunque los efectos jurídicos de este amparo son individuales y protegen directamente a la doctora De Uriarte, el fallo es significativo porque sienta un precedente más en la creciente línea de sentencias que señalan que penalizar el aborto viola los derechos humanos, es discriminatorio y genera estigmatización contra quienes deciden interrumpir un embarazo.
En conferencia de prensa, integrantes de la Campaña Aborto Legal Morelos, junto con otras colectivas como la Red de Médicas por el Derecho a Decidir y AbortistasMx, celebraron el fallo. Señalaron que esta resolución refuerza la estrategia jurídica que se ha venido promoviendo para garantizar el acceso seguro y legal al aborto en Morelos, ante la falta de voluntad política del Congreso local.
Durante su intervención, activistas recordaron que este amparo se suma a otros dos previamente ganados por personas gestantes y organizaciones civiles, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado inconstitucional la penalización del aborto a nivel federal. Por ello, argumentaron que el Poder Legislativo estatal ya no tiene excusas para mantener en el Código Penal normas que han sido declaradas inválidas por la justicia.
Además, exigieron que se reconozca el aborto como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos, como los promovidos por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las colectivas anunciaron que seguirán impulsando acciones legales, médicas y sociales, tanto para proteger a profesionales de la salud como a las personas que buscan acceder a este servicio, hasta lograr una reforma legislativa definitiva en Morelos.
Finalmente, insistieron en que la criminalización del aborto es una forma de violencia institucional y que, mientras no se armonice la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte, continuarán promoviendo amparos individuales como estrategia de resistencia y garantía de derechos.
