El estado de Morelos se encuentra en el centro de una polémica tras la difusión de un video en el que se observa a Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, y a Agustín Toledano, alcalde de Atlatlahucan, reunidos con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en la región.
En la grabación, que se ha viralizado en redes sociales, también aparece Samuel Márquez, secretario general del Ayuntamiento de Cuautla, sentado junto a Corona Damián. La presencia de “El Barbas”, identificado por las autoridades como operador del crimen organizado en Morelos, ha generado preocupación y ha llevado a las autoridades federales a intervenir en el caso.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer los posibles nexos entre los funcionarios y el crimen organizado. “Ya se inició una carpeta con la FGR. Hay servidores públicos involucrados, así como un civil que aparece en el video con un arma larga y vestimenta camuflada. Hay una investigación en curso en coordinación con la FGR”, declaró García Harfuch.
Por su parte, Edgar Maldonado Ceballos, fiscal general del estado de Morelos, señaló que, debido a la gravedad de las acusaciones y la posible implicación de funcionarios municipales, la FGR asumirá la responsabilidad de la investigación. “Estamos colaborando estrechamente con las autoridades federales para garantizar que se llegue al fondo de este asunto y se deslinden responsabilidades”, afirmó Maldonado Ceballos.
La difusión del video ha generado diversas reacciones en la comunidad morelense. Mientras algunos ciudadanos expresan su preocupación por la posible infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, otros piden cautela y esperan los resultados de las investigaciones antes de emitir juicios. Organizaciones civiles han solicitado transparencia en el proceso y protección para posibles testigos o denunciantes.
Este caso se suma a una serie de investigaciones en el país relacionadas con la colusión entre autoridades y grupos delictivos. La administración federal ha reiterado su compromiso de combatir la corrupción y garantizar la seguridad de la población, enfatizando la importancia de mantener la integridad en las instituciones públicas.
