El 20 de marzo de 2025, el Congreso de la Unión aprobó las leyes secundarias que formalizan la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cumpliendo así con la reforma constitucional promovida previamente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión ha generado incertidumbre laboral para más de 700 trabajadores del instituto, quienes enfrentan un futuro incierto respecto a su situación laboral.
La reforma establece la creación de un nuevo organismo denominado “Transparencia para el Pueblo”, que operará bajo la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y asumirá las funciones que anteriormente desempeñaba el INAI. Durante sus 22 años de existencia, el INAI jugó un papel crucial en la promoción de la transparencia y la protección de datos personales en México, siendo instrumental en la revelación de casos de corrupción como la “Estafa Maestra” y el escándalo de la Estela de Luz.
Los legisladores que apoyaron la desaparición del INAI argumentan que el instituto se había convertido en una entidad burocrática, costosa y opaca, justificando su eliminación por presuntas irregularidades y malos manejos. Sin embargo, la oposición y diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación, señalando que la eliminación del INAI representa un retroceso en materia de transparencia y acceso a la información pública.
Las leyes secundarias aprobadas otorgan al gobierno la facultad de negar información en casos que comprometan proyectos prioritarios o la seguridad nacional. Esta disposición ha sido criticada por opositores, quienes consideran que podría afectar negativamente la lucha contra la corrupción y limitar el acceso ciudadano a información relevante.
Mientras tanto, los empleados del INAI enfrentan una situación laboral incierta. Aunque se ha informado que 419 trabajadores del servicio profesional de carrera ya han sido liquidados, otros 320 aún no tienen claridad sobre su futuro laboral. La falta de previsión de fondos para sus liquidaciones por parte del Congreso ha generado protestas y bloqueos por parte de los empleados afectados, quienes exigen una solución justa a su situación.
